Todos contra la pena de muerte

Un hombre va a morir. Un ciudadano estadounidense (normalmente de raza negra, hispano u otra minoría) espera en el corredor de la muerte. Agota las posibilidades legales hasta que sólo le resta que el gobernador del estado le conmute la ejecución por cadena perpetua. En los Estados Unidos, 3.679 presos esperan en los diferentes corredores de la muerte.

En Nigeria, una mujer pobre, Safiya, ha sido condenada a morir lapidada por adúltera; Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña mundial para salvarle la vida que ha dado como fruto que el gobierno de Nigeria declare inconstitucional la sharia, la ley islámica por la que los jueces la han condenado.

Estos son casos conocidos de peligro de muerte por aplicación de leyes injustas y anacrónicas, pero la pena capital se extiende a toda la tierra.

La Unión Europea (UE) presentará en la asamblea de la ONU de 2003 una propuesta de moratoria universal de aplicación de la pena de muerte y posterior abolición. La UE ya intentó llevar a la ONU la resolución de una moratoria de ejecuciones en 1999, pero se doblegó ante presiones de China y Estados Unidos, los más fervientes defensores del "asesinato legal".

El año pasado, 27 países ejecutaron a 3.477 personas. China mató a 1.781 condenados, Arabia Saudí a 122, Irán a 97 y Estados Unidos a 66. En el mundo, 78 estados han suprimido totalmente la pena capital y otros 30 en la práctica no ejecutan a nadie desde hace una década, aunque la pena de muerte figure en sus leyes. Cerca de noventa estados aún mantienen y aplican la pena capital.

La Unión Europea, tan tibia en ocasiones en cuestión de derechos humanos frente a otros países, está vez parece tomar muy en serio la abolición de la pena de muerte o, por lo menos, su no aplicación. Una muestra de esa voluntad política ha sido el acuerdo de que ningún país de la UE entregará a Estados Unidos a presuntos terroristas que puedan ser condenados a la pena capital. Esta decisión es acorde con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE aprobada en diciembre de 2000:

"Nadie será trasladado, expulsado o extraditado a un estado en el que exista claro riesgo de que sea sometido a la pena de muerte, torturas, tratos inhumanos o denigrantes".

Hoy, con casi noventa estados con pena de muerte, la abolición universal de la pena capital (el más premeditado de los asesinatos, según denunciaba Albert Camus) puede parecer utópica. Pero también parecía utópica la abolición de la esclavitud en el siglo XIX o la de la tortura en el XVIII. A principios del XX, solo tres países habían eliminado la pena de muerte de sus leyes; un siglo después, 108 estados la han suprimido o no la aplican jamás.

La pena de muerte es un resto anacrónico de tiempos pasados con mayor carga de barbarie. Hay dos razones para suprimirla. Una, ética: el argumento que se aplica al homicida condenado a muerte (nadie puede disponer de la vida de otro ser humano) debe aplicarse también al Estado. La pena capital es flagrante violación del derecho a la vida, y la ley del Talión (que pudo parecer útil hace siglos) no justifica quebrantar tan fundamental derecho.

Y otra razón es que la pena de muerte es radicalmente injusta: en caso de error o prevaricación es irreparable y, además, socialmente discriminatoria.

Según el I Congreso contra la Pena de Muerte de Estrasburgo en junio de 2001, en los Estados Unidos el 99% de los ejecutados fueron asistidos por un abogado de oficio y sólo durante el juicio. El caso del español Joaquín Martínez en el corredor de la muerte de Florida es diáfano. Condenado a muerte y habiendo perdido varias apelaciones, gracias a la tenacidad de sus padres y la solidaridad económica de sus compatriotas de origen, pudo contratar a un abogado (con honorarios de medio millón de dólares) y consiguió un nuevo juicio del que salió absuelto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos en tiempo de Clinton reconoció que el 80% de los acusados con solicitud de pena de muerte eran negros o hispanos; pertenecientes a capas sociales desfavorecidas que no podían pagarse un buen defensor.

El profesor de Derecho de la universidad de Columbia, Pedro L. Yáñez, cita esclarecedoras palabras de una sentencia del juez estadounidense W.O. Douglas en un caso de 1973:

"La pena de muerte se abate sobre los pobres, los ignorantes y los miembros menos privilegiados de la sociedad (...). Uno busca en vano en nuestras crónicas la ejecución de algún miembro de los estratos influyentes de nuestra sociedad, pero éstos nunca reciben condenas a muerte".

Si nos hemos referido a la pena de muerte en EE.UU. es porque ese país facilita información sobre lo que hace, sufre y yerra, pero, de haber podido acceder a fuentes fiables de Arabia Saudí, Irán, China o cualquier otro estado con pena de muerte, hubiéramos llegado quizás a conclusiones más lamentables.

Y, en última instancia, como denuncia la ex comisaria de la Unión Europea, Emma Bonino, si un ciudadano es condenado injustamente a prisión, se le puede liberar e indemnizar, pero en el caso de los condenados a muerte y ejecutados, ¿iremos tumba por tumba para que salgan los muertos?

©2001 Xavier Caño Tamayo